Desde su primeros pasos como Nación independiente, la Argentina, en su condición de heredera de los territorios del Atlántico Sur que habían pertenecido a España, ejerció sus derechos de manera permanente, procediendo al dictado de las normas y el establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaran el ejercicio de su soberanía, fomentando el desarrollo de actividades comerciales, el establecimiento de población y una oficina administrativa local. La culminación de dicho proceso fue el dictado del Decreto estableciendo la Comandancia Cívica Militar de Malvinas, en la fecha que hoy recordamos, a cuyo frente fue designado D. Luis Vernet.

El 3 de enero de 1833, quebrantando la integridad territorial argentina, el Reino Unido ocupó las islas y desalojó a los habitantes y las autoridades argentinas, procediendo a ejercer un férreo control migratorio e impidiendo la radicación de argentinos provenientes del territorio continental con la finalidad de configurar una población a la medida de sus pretensiones coloniales. En más de 180 años, la Argentina nunca consintió la usurpación británica.

El 16 de diciembre de 2015 se cumplen cincuenta años de la adopción de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la cual toda la comunidad internacional reconoció la existencia de la disputa de soberanía y llamó a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a negociar sin demora a fin de encontrar una solución pacífica al problema. Cincuenta años han transcurrido sin que este importante mandato haya sido cumplido en su totalidad. Cincuenta años, a pesar de que la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas  lo siguieron reiterando en más de cuarenta resoluciones hasta el presente.

La posición argentina cuenta con un amplio respaldo internacional. América Latina y el Caribe apoyan firmemente nuestros legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Dicha solidaridad se extiende también a países de otras regiones, como las 54 naciones africanas que en 2013 suscribieron la declaración de Malabo (Guinea Ecuatorial) en la que reconocieron los derechos de soberanía argentinos.

El MERCOSUR, el Grupo de los 77 más China, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) han reconocido explícitamente el derecho de la Argentina a emprender acciones legales con pleno respeto del Derecho Internacional y de las resoluciones pertinentes contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Resulta importante poner de relieve que las consecuencias de los actos unilaterales británicos no se limitan al tiempo presente, sino que se proyectan sobre las futuras generaciones. Los recursos pesqueros podrían ser sobreexplotados y los yacimientos de hidrocarburos, que pertenecen a cuarenta millones de argentinos, agotados. O podría ocurrir un accidente durante las operaciones para extraer hidrocarburos que impactase sobre el entorno prístino de las Islas.  Un derrame de petróleo de gran magnitud en el área tendría un impacto significativo en el ecosistema, que podría perdurar durante décadas.